Hay una delicada y muy ligera línea para cuestionar la profesionalidad de una persona, motivada siempre por ambición. Esto se convierte en un problema para un agente de la Guardia Civil en donde a sus objetivos de imponer multas, se le une el inmoral hecho de quedarse con el dinero derivado de todas estas sanciones.
El Tribunal ha condenado a un Guardia Civil de Málaga a cuatro meses de prisión, a una multa de 720 euros y a una suspensión de empleo o cargo público durante seis meses al acusarle la Fiscalía Provincial de Málaga de quedarse con el dinero de las multas de tráfico que él mismo se encargaba de poner. Una acción con ánimo de lucro en la que finalmente el agente ha dado una confesión para lograr un atenuante de su condena.
El total de dinero que se calcula que se podría haber embolsado, a raíz de estas multas de tráfico que él mismo puso en un momento puntual, sería de 950 euros al realizar esta operación en repetidas ocasiones. Al ser requerido por sus superiores, el acusado sí tuvo que entregar los expedientes que conservaba en su taquilla, dando también finalmente la cantidad que se había ido guardando con cada una de estas sanciones.
Afán recaudatorio extremo y personal
Una noticia que ha levantado un gran revuelo entre los conductores malagueños, al comprobar como el afán recaudatorio tiene todavía fines más «sucios», en este claro ejemplo de cómo malversar fondos de caudales públicos para el interés económico de una persona, que por su profesión, en este caso, cuenta con una competencia más grande que el propio sentido del deber.
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