La DGT ha tenido que abrir una investigación. Y es que se han denunciado supuestas irregularidades en las adjudicaciones de cursos para la recuperación de puntos a las autoescuelas.
Fuentes de la DGT han confirmado que, tal como adelantaba el diario El Mundo, el organismo estatal de tráfico ha iniciado una investigación interna para esclarecer si las acusaciones son ciertas. Y es que el periódico ha tenido acceso a unas grabaciones que podrían demostrar que las concesiones de los cursos para la recuperación de puntos del carnet estaban amañadas. De esta forma, los cursos habrían quedado «monopolizados» por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), presuntamente con la colaboración de la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera.
Según parece, la DGT no podría percibir ningún ingreso derivado de los cursos para la recuperación de puntos, puesto que su único papel sería el de intermediario. Además, el sistema de «concentración» que ha llevado a la situación de monopolio de los cursos para la recuperación de puntos del carnet de conducir estaría «previsto» en el diseño original del sistema, aunque la DGT «llevaba intentando cambiar el sistema desde 2012».
Las autoescuelas contra la CNAE
Una fuente anónima ha puesto a las autoescuelas contra la Confederación Nacional de Autoescuelas. Y es que ha sido la responsable de que se publicase en El Mundo una grabación que avalaría lo que llevan meses denunciando: que la adjudicación de los cursos para la recuperación de puntos está amañada.
Los denunciantes, es decir, los aspirantes afectados, critican que desde hace al menos tres meses han remitido a la DGT cerca de 500 escritos alertando de irregularidades. Según dicen, los enviaron tanto a la máxima responsable de Tráfico, María Seguí, como al Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. En ningún caso obtuvieron respuesta.
La Confederación Nacional de Autoescuelas, por su parte, ha anunciado que, a través de sus representantes legales, presentará una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por las “escuchas ilegales” a su presidente, José Miguel Báez.
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