Las cámaras revisan solo si los vehículos tienen la pegatina de la DGT para circular por las ZBE, pero en breve podrían controlar si hemos pasado la ITV.

¿Es legal que nos controlen si hemos pasado la ITV con las nuevas cámaras de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)?

Foto: farodevigo.es

Las infracciones por ITV son competencia de la DGT, tal y como viene indicado en la ley es obligatorio para todos los vehículos pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada cierto tiempo:

  • Vehículo nuevo: hasta 4 años, exento.
  • Coches de cuatro a diez años: bienal.
  • Vehículo de más de diez años: anual.

 

Las multas por ITV están reguladas en el art. 10 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos

‘’Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I”

 

Se trata de sanciones administrativas que no conllevan la retirada de puntos, y que se dividen en 3 tipos

 

  • Si no se ha llevado el coche a pasar la ITV en el tiempo especificado, la multa será de 200 euros (hay posibilidad de bonificación del 50% si se realiza el pago dentro de los 20 días)

 

  • Circular con un coche que ha pasado la ITV como negativa, la multa asciende a 500 euros, sin posibilidad de rebaja por pronto pago.

 

  • Si circulas con un coche que ha intentado pasar la ITV y el resultado ha sido desfavorable, la multa será de 200 euros ((hay posibilidad de bonificación del 50% si se realiza el pago dentro de los 20 días)

 

 

Desde el 1 de enero de 2023, son obligatorias las ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes

Como bien es sabido, las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que implantar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según establece la Ley de Cambio Climático. Desde el 1 de enero de 2023, todos los municipios españoles con una población de más de 50.000 habitantes deberán tener establecida una zona de bajas emisiones, según se dictó en la Ley de Cambio Climático.

 

Las cámaras de las ZBE, de momento, solo controlan si los vehículos que circulan por estas zonas tienen la pegatina de la DGT correspondiente

El control de acceso a estas áreas restringidas se realiza mediante cámaras que vigilarán si los coches llevan el distintivo ambiental correcto, y que podrían controlar otras circunstancias, como el hecho de tener la ITV en vigor.

De momento, estos dispositivos revisan solo si los vehículos tienen la pegatina de la DGT para  circular por las zonas de bajas emisiones, no obstante,  la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV) ha pedido a las autoridades que estas cámaras se empleen también para comprobar si los coches disponen de ITV en vigor.

 

La DGT no tendría competencia para multarnos con las cámaras de las ZBE

Sin embargo, como comentábamos al principio del artículo, las sanciones de ITV son competencia de Jefatura de Tráfico y, sin embargo, las cámaras que vigilan las Zonas de Bajas Emisiones son como es el caso de la ciudad de Madrid, competencia del Ayuntamiento, p tanto, este Organismo no tendría competencia para sancionar respecto a este tipo de sanciones.

Nos encontraríamos, por tanto, ante una situación en la que la Entidades Públicas se estarían extralimitando de sus funciones y de las potestades que tienen asignadas. Los ciudadanos podríamos vernos abocados a un control continuo por estas cámaras de vigilancia de los poderes públicos en el que no solo darían un uso sancionador sino en el que estaríamos completamente vigilados.

 

Ningún tipo de orden ni amparo legal

Además, la impunidad administrativa actúa sin ningún tipo de orden ni de amparo legal ya que, como hemos comprobado, dichas cámaras de la ciudad de Madrid no están legitimadas para desempeñar la función de control sobre las ITV.

A todo ello, habría que añadir el afán recaudatorio de la Administración que provoca una situación -aún más- de desamparo al ciudadano.

 

Lavinia Benedic

Abogada

Pyramid Consulting

 

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