El negocio de las ITV, cuestión de permanente polémica y servicio que las comunidades autónomas sacan a concurso puede que en un futuro y no muy lejano sea una competencia que se destine a talleres y concesionarios para ofrecer una buena posibilidad económica además de una oportunidad de oro a un sector que está viviendo especialmente días difíciles con la crisis.
La visita obligada que todo conductor debe realizar periódicamente para comprobar que el funcionamiento de su vehículo es el correcto y más seguro para circular en las carreteras, podría ser una solución que el Gobierno baraja en un futuro para aliviar las consecuencias económicas derivadas de la crisis, que padecen en estos momentos tanto talleres como concesionarios.
Un servicio que funciona según lo estimado por cada comunidad autónoma que cuenta con un número determinado de centros homologados destinados a pasar la ITV de los vehículos. Este hecho siempre ha estado rodeado de polémica al existir grandes diferencias en los precios según el lugar geográfico en que uno haga la revisión de su vehículo, además de por los distintos casos de corrupción y amiguismo de los que reciéntemente se han hecho eco los diversos medios de comunicación.
Todo esto unido al motivo económico, podría estar animando al Gobierno a terminar con el monopolio de las ITV para ofrecer estas competencias tanto a talleres como a concesionarios, teniendo muy en cuenta que esto es un negocio que mueve 500 millones de euros anuales y que supondría abaratar este servicio, además de aliviar la delicada situación financiera de estos dos sectores.
Una posibilidad en el aire que puede terminar siendo una medida de futuro aunque todavía haya muchas incógnitas que despejar y confirmar aunque su remota probabilidad con toda seguridad será objeto de debate y más cuando sobrevuelan multas de tráfico tanto si se circula como si no, por no pasar la famosa ITV.
Las concesiones de ITV , sin un control central, han ocasionado que haya una desproporcion abusiva de las comunidades que ha determinado la desconfianza y necesidad de emigrar a otras comunidades a pasar la revision.
El abuso fiscal recaudatorio de algunas comunidades, con el beneplacito del govierno, es principalmente la causa de que muchos conductores se arriesguen a no pasar la revision.
Culpo directamente al govierno central de que «comunidades carroñeras», como por ejemplo la Valenciana, roben descaradamente a los ciudadanos.