La Defensora del Pueblo se ha fijado un nuevo objetivo: la DGT. María Luisa Cava del Llano cree que es «preocupante» que haya tantos conductores que consideren que la Dirección General de Tráfico no cumple con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Al menos, eso es lo que ha podido advertir después de hacer un repaso por el número de quejas que han llegado.
Estos ciudadanos reclaman que «dada la cuantía económica de las sanciones, no les compensa plantear un recurso contencioso-administrativo y muestran su resignación a abonar la sanción, a pesar de su pleno convencimiento de que la Administración ha abusado de su superioridad, conocedora de este hecho». El problema es que los conductores han reclamado que «sólo en la vía contencioso-administrativa tienen las garantías suficientes para obtener una justa resolución».
Doble postura
Según informan en Europa Press, hay dos tendencias de pensamiento sobre las sanciones de la DGT: una que «justifica la imposición de duras sanciones que contribuyan a la formación de conciencia ciudadana», y otra «de la mayoría de ciudadanos que percibe las severas sanciones económicas como la consecuencia de la voracidad recaudatoria de la Administración«.
Lo que Cava del Llano ha recomendado que se ofrezca «toda la información relativa al procedimiento sancionador, admitir las pruebas propuestas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, así como resolver los recursos contestando a las alegaciones presentadas y no con una resolución de modelo, válida para cualquier expediente sancionador».
Eso sí, la Defensora del Pueblo admite que nuestro país se encuentra «en el camino correcto» tras ver «la drástica reducción de la mortalidad vial que reflejan las estadísticas».
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